Cuando todo nos hacía pensar que los políticos comenzaban a concienciarse sobre la importancia de la industria clubbing, nos llegan malas noticias que vuelven a demonizar y a poner obstáculos en el camino de este estilo musical. Mientras muchos países comienzan a regular la escena de una forma constructiva, el pasado martes 22 de octubre, nos enteramos que el Senado francés votó y aceptó una propuesta de ley (PPL) que promueve castigar aún más a los organizadores de fiestas raves con multas y contundente respuesta policial si no se siguen ciertas pautas.
Esta iniciativa fue alentada por el senador republicano, Pascale Bories, con el objetivo de «controlar mejor las reuniones musicales festivas (fiestas rave) y hacer sanciones más disuasorias contra sus organizadores». El fondo y la excusa fácil que sostiene este ley es simplemente evitar el ruido y la contaminación ambiental. La misma cantinela de siempre, culpar a la música electrónica de ser máxima responsable del «ruido» en nuestras vidas.
La ley contiene tres condiciones básicas. Primero, los organizadores deben declarar cualquier reunión musical de menos de 500 personas en el ayuntamiento, incluso si se celebran en un terreno privado. En segundo lugar, aumenta exponencialmente las sanciones por infringir esta ley. El delito ahora se castiga con 400 horas de servicio comunitario y una multa de € 3.750 y permite registros policiales, interrogatorios e incautaciones de bienes. Por último, tiene como objetivo establecer un «contrato» entre las autoridades y los organizadores que describirá las restricciones que se deben aplicar para la celebración del evento.
Ya han salido voces discordantes contra esta ley como la de Jerome Durain, senador del grupo socialista que aseguró que esta propuesta solo conseguirá que los organizadores sean más reservados sobre sus eventos. Esta opacidad podría tener efectos nocivos, volviendo más inseguras las fiestas.
La plataforma Freeform envió un comunicado de prensa declarando que la redacción de la ley también es demasiado vaga y que no aclara nada: «Ya sea para una fiesta, un aniversario o un concierto privado en su jardín, tendrás que hacer la declaración en el ayuntamiento al menos un mes antes «.
Esperemos que nuestros vecinos franceses recapaciten y echen atrás esta PPL en la Asamblea Nacional, la última estancia necesaria para que sea calificada como ley de pleno derecho.
